La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, encabezó una reunión con organismos de derechos humanos para avanzar en la redacción de un protocolo sobre prevención de delitos en Internet y sus derivaciones al Poder Judicial durante la emergencia sanitaria. El encuentro fue convocado tras el rechazo que generó la mención al “ciberpatrullaje” como herramienta para “medir el humor social” y el inicio de una causa penal a un joven que incluyó la palabra “saqueo” en una broma en Twitter. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, destacó en un comunicado que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren “sobre el ámbito público”, y recordó que tanto el Ministerio como las fuerzas de seguridad “sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a una hipótesis o amenaza específica y respetando las restricciones que establece la ley de inteligencia”.
La ministra presentó ante las organizaciones un borrador de protocolo que modifica una resolución de 2018 y les pidió que le hagan llegar sus críticas y aportes, a más tardar el martes. Quienes participaron de la reunión contaron a Página/12 que el tono fue cordial y que Frederic se mostró muy receptiva. Sus interlocutores coincidieron en destacar que el “ciberpatrullaje” es ilegal y que es una actividad que debe regularse por ley. De la videoconferencia participaron también la APDH, Amnistía, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Defensoría del Pueblo porteña, la Federación de Carreras de Comunicación Social, Grooming Argentina y el Observatorio de Derecho Informático Argentino.
La vigilancia masiva de redes sociales “es una práctica de inteligencia porque se realiza de manera anónima y sobre personas identificadas”, destacó la ICCSI al expresar su rechazo. “Sólo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas”, precisó. “Los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón" por las que se usan y "esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar” como ocurrió con el joven imputado tras copiar un meme. La inteligencia implica “una intrusión en la privacidad, nunca es una práctica de pesca”, y “en el caso del ‘ciberpatrullaje’ ni siquiera está claro, porque no ha sido informado públicamente, cómo se está haciendo, si de manera artesanal o con un software, ni con qué herramientas, parámetros o mecanismos de control”, afirmó, y destacó que las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas o redes sociales afectan derechos como la privacidad y la libertad de expresión.
Los detalles del protocolo de “ciberpatrullaje” que impulsa el Gobierno: qué busca regular y cuáles son los puntos más cuestionados
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezó esta semana la primera ronda de consultas para la redacción de un protocolo que regulará el “ciberpatrullaje”, el monitoreo policial en redes sociales que originó un fuerte rechazo social y cuestionamientos de la oposición. En busca de mayor consenso, Frederic presentó el borrador ante organismos de derechos humanos y ONGs críticas que reclaman la derogación de este tipo de vigilancia virtual.
La propuesta comunicada por Frederic apunta a modificar decretos N° 174 y N°72 de 2018 con los que su predecesora, Patricia Bullrich, “creó” el ciberpatrullaje en Argentina. Según pudo saber Infobae, se busca que el nuevo protocolo rija durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para las fuerzas nacionales como Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estará vigente hasta que se presente un proyecto de ley en el Congreso.
El texto girado a las ONGs establece un marco normativo específico sobre los límites de la actividad y los procedimientos para su ejercicio. Entre ellos, se fijan los criterios para el monitoreo de fuentes abiertas (Open Source Inteligence-OSINT) y de redes sociales (Social Media Intelligence-SOCMINT), es decir, la información de carácter no privado que circula en Internet y sobre la cual se desarrolla la vigilancia policial 2.0.
El protocolo, además, define el controversial término de “ciberpatrullaje” y la prohibición de que haya una interacción directa de los operadores de las áreas de Ciberdelitos con los usuarios sobre los que se relevará datos. También plantea como principios de actuación la “proporcionalidad” y la “legalidad” en la persecución e investigación de los delitos, el “no afectar el derecho a la libertad de expresión”, el cumplimiento de las leyes de Seguridad Interior y de Protección de los Datos Personales, que garantiza que no se almacene y utilice información sensible de la ciudadanía como sus creencias religiosas, políticas y morales, raza u orientación sexual, entre otras.
En lo concreto, el borrador establece que tampoco se podrá interceptar las comunicaciones telefónicas y de redes sociales privadas, sin que medie una autorización judicial. E instruye que el personal a cargo del ciberpatrullaje tenga una capacitación supervisada por el Ministerio de Seguridad acorde a los estándares de los derechos humanos.
Desconfianza en las ONG
La primera reunión de Frederic fue con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Alejandro Amor. Allí, se coincidió en que las acciones de ciberpatrullaje se inscriban dentro de las directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pero el encuentro más ríspido fue el que se produjo el viernes, donde participó la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Esas organizaciones emitieron un comunicado donde ratificaron su posición de que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren "sobre el ámbito público”.
De la videoconferencia también asistieron organismos de derechos humanos como la APDH, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y ONG’s como la Federación de Carreras de Comunicación Social y Grooming Argentina. Entre los asistentes, la mayoría mantuvo sus críticas a la propuesta de protocolo y al Ministerio de Seguridad. Como señal de receptividad, la cartera de Frederic dio plazo hasta el martes próximo para que las distintas organizaciones presenten formalmente sus objeciones y modificaciones.
“Las organizaciones de derechos humanos presentamos muchas preocupaciones y dudas en relación a la práctica y las consecuencias en materia de derechos fundamentales. La ministra dejó en claro que está vigente un protocolo de 2018 y que se pretende reemplazarlo”, sostuvo Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre.
El intercambio con las entidades de la sociedad civil se produjo luego del controversial caso de Kevin Guerra, un joven de la ciudad bonaerense de Balcarce por hacer un chiste con la palabra “saqueo”. Por primera vez, la ex ministra Patricia Bullrich hizo una fuerte defensa pública de Frederic por utilizar el uso masivo de datos en Facebook o Twitter -como ocurrió con Kevin Guerra-, para prevenir delitos. En la gestión de la presidenta del PRO, unas 68 personas personas terminaron presas por “insultar y amenazar" a Mauricio Macri.
El protocolo generó un fuerte rechazo por parte de varias ONGs
“No es algo que le guste a la ministra. A nadie le interesa que un pibe quede marcado por hacer un chiste”, señalaron desde el Ministerio de Frederic. Al Gobierno le interesan las investigaciones en torno a actividades ilícitas que se pueden cometer durante la pandemia, como la venta de drogas por internet, la comercialización de certificados médicos truchos o el grooming.
Según los voceros de Seguridad, la denuncia contra Kevin Guerra fue impulsada por la Subdirección de Delitos Tecnológicos de Gendarmería, en el marco de sus atribuciones. En esa actuación no intervino la Dirección de Lucha contra el Ciberdelito, que está vacante desde el recambio de gobierno. Esa dirección reporta a Valentina Novick, que encabeza la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad.
Para evitar situaciones que estén en conflicto con la libertad de expresión, en la cartera de Gelly y Obes evalúan la propuesta de que se defina un requisito de “doble chequeo” con el ministerio de Seguridad, antes de que se impulse una investigación originada en el ciberpatrullaje. Sin embargo, ese procedimiento protocolar no alcanzaría a las áreas de ciberdelitos de las fuerzas policiales provinciales.
Lo cierto es que, más allá de las posibles modificaciones al protocolo, la sospecha sobre la cibervigilancia está instalada. “El ciberpatrullaje no es una definición jurídica apropiado. De lo que tenemos que debemos hablar es de inteligencia de fuente abierta y eso tiene que ser regulado por ley. Un protocolo no puede regular una práctica que está explícitamente prohibida”, concluyó Busaniche.
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